Dice el Banco de la República que
el promedio de envío por cada colombiano es de 349 dolares al mes. Son cifras
que con las fluctuaciones económicas generan un promedio de 3.900 millones de
dólares al año. Eso significa que ese grupo heterogéneo, desconocido,
despatriado, capitalista, enajenado e incluso
españolizado (para aquellos que vivimos en la Península y se nos ha
pegado el “hostia”, “joder”, “que fuerte tio…” etc.) aportamos a la economía
del país entre el 3 y el 4 % del PIB. Si, ni más ni menos. Nuestras remesas
sólo son superadas por el petróleo y el carbón, y seguramente el narcotráfico
pero de eso, aunque también engorde el PIB, no viene a cuento en éste caso. A
este dato hay que añadir uno más, el Gobierno de Uribe creó un impuesto llamado
“Impuesto Transitorio a las Transacciones Financieras”, eso que vulgarmente
llamamos el “4 x mil” y que es aplicado a las remesas. Durante los gobiernos de
Uribe con ese impuesto estuvimos financiando su “Política de Seguridad
Democrática”, es decir, la guerra.
El impuesto se prorrogó en el
gobierno de Santos. El cálculo es que
por cada dólar se retienen 11 pesos. Un cálculo rápido nos arroja una cifra
reveladora: 49 mil millones de pesos al año es lo que el Estado recauda
directamente por el trabajo de los colombianos y colombianas residentes en el
exterior.
La función del Estado
fundamentalmente es redistribuir la riqueza a través de la prestación de
servicios, en ese orden de ideas lo más lógico es que quienes estamos en el
exterior estuviéramos beneficiados de servicios sociales muy amplios dada la
cantidad de divisas que generamos.
Pues tal parece que no. Sólo
hasta el 2011 se redactó una ley para crear el Sistema Nacional de Migración
que al ser la primera iniciativa de éste tipo resulta arcaica en comparación
con políticas públicas de países como Ecuador o Bolivia. De hecho aún hoy para
repatriar el cadáver de una ciudadana/o colombiano se recurre a la recolecta y
la venta de empanadas porque los consulados normalmente no disponen de “partidas”
presupuestarias para esas calamidades. Nada que decir de la representación
legal, el acompañamiento psicosocial, la prevención e intervención en casos de
violencia de género etc.. La lista de abandonos es larga a pesar de que somos el
colectivo que más dinero aporta a la economía del país.
Esta situación es reversible, está
claro. A partir de la legislatura del 2014 y durante los próximos cuatro años
el Estado debe destinar esos 49 mil millones de pesos anuales a programas dirigidos
a la diáspora colombiana. No es un favor, es una reparación económica por todos
los aportes que hemos realizado. Por cierto, el anteproyecto ya lo tenemos
avanzado, el dinero está, sólo hay que destinarlo a lo que por justicia debe
ser, ahora sólo nos falta ganar las elecciones, en ese estamos.
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